Ramón García confirmó ayer la denuncia que, minutos antes de que comenzara el Pleno extraordinario en el que escuchó las explicaciones «nada convincentes y que ni siquiera han servido para echar balones fuera», tanto del alcalde como del concejal de Urbanismo en relación a la construcción de una vivienda de manera ilegal por parte de Jesús Tébar, presentó en el Cuartel de la Guardia Civil.
En la sede de la Casa del Pueblo, horas después del Pleno en el que se escucharon unas respuestas, «poco menos que surrealistas y contradictorias», del alcalde a las preguntas que le planteó en la sesión del mes pasado, y rodeado de alguno de sus compañeros en el Ayuntamiento, Ramón García mostró a los medios de comunicación una copia de la denuncia contra el propio concejal, su mujer y cualquier otra persona que haya podido intervenir en los referidos hechos, por un presunto delito contra la Ley de Ordenación del Territorio y desobediencia a la autoridad.

Y es que el concejal de la oposición insistió que, a pesar que el alcalde lo negó en la respuesta a una de sus preguntas sobre este caso, se produjo el acceso al interior de la vivienda después de que se precintara por la Policía Local tras el expediente sancionador en el 2011, al reconocer que, como concejal de Urbanismo, ordenó la paralización de la obra dos años antes.
Valoración de la obra
Sin embargo el tema se complica cuando García denunció que la multa que Jesús Tébar ha satisfecho de 14.000 euros se corresponde con una primera valoración de la obra de la polémica como nave agrícola, pero acompañándose de sus fotografías, se trata de una vivienda «en toda regla» cuantificada en las tablas que se utilizan desde el Ayuntamiento en un precio de más de 86.000 euros, por lo que la multa a pagar, en su opinión, debería haber ascendido al 50 por ciento de este importe.
Ramón García resumió esta historia como «una auténtica sinvergonzonería», por lo que aseguró que el concejal «no puede ni debe seguir ni un segundo más como responsable de Urbanismo» al tiempo que se reservó el derecho de ampliar la demanda hacia el alcalde por si ha podido cometer un presunto delito de prevaricación.
Acerca de la petición de Tébar de dejar al margen a las familias, el concejal del PSOE le recordó «el calvario» que su partido tuvo que vivir en torno a la polémica denuncia sobre Las Higuericas.