El alcalde de la ciudad, Manuel Mínguez, y el concejal de Economía, Juan Antonio Moreno, confirmaron ayer que los abogados del Ayuntamiento han recomendado recurrir la sentencia, no en firme, en la que se le condena a abonar, en solitario, 1,6 millones de euros a la familia Collados Muñoz en concepto de indemnización por las obras de urbanización en el Polígono San Rafael del 2006.
Pero Juan Antonio Moreno, en medio de todo lo que se ha publicado estos días, avisó que la referida sentencia "no va ni contra ninguna familia ni a favor de ninguna familia", al aclarar que los propietarios de los terrenos de La Fuente, cuando el Ayuntamiento giró las cuotas de urbanización con los gastos que generan, éstos no lo aceptaron, por lo que presentaron una demanda contra el Ayuntamiento.
Tras reclamar «prudencia» acerca del futuro de este proceso, que se antoja largo en el tiempo, recordó que el problema se suscitó en el año 2006 "con los sueños de grandeza y el capricho clamoroso de un Gobierno y un alcalde socialista que no tenía ninguna visión realista, al diseñar una obra faraónica con unos desmontes brutales», en alusión a la eliminación de unas líneas de alta tensión, puso a modo de ejemplo.
A la espera de lo que pueda suceder Moreno Moya sí reconoció que para las arcas municipales, con independencia del color político que resulte elegido tras las elecciones del 25 de mayo del 2015, en caso de tener que abonar esa cantidad sería un «descuadre importante» en los Presupuestos municipales, máxime, tras esta sentencia en que se alteran los planes iniciales del Ayuntamiento que estaba dispuesto a cobrar las cuotas en suelo, "pero ahora necesitamos dinero", tras recordar que el Gobierno ha destinado más de seis millones de euros en relanzar las obras.
Final de las obras
Un Polígono que el próximo mes se va a entregar al Ayuntamiento que, a su vez, se entregará, con sus parcelas a unos propietarios que, en algunos casos, reconoció el propio Moreno Moya, están dispuestos a desprenderse de estos terreno por no poder asumir los gastos, por lo que llegada esa posibilidad se someterían a una subasta pública.