El secretario general de la Comarca de Comisiones Obreras denunció ayer la situación que están viviendo los diez trabajadores del Taller de Carpintería del Centro Especial de Empleo de la Fundación ASLA (Asprona-Laboral), que, tras cinco meses sin cobrar, recientemente se les enviaba una carta anunciando el despido objetivo, por cuestiones económicas, el próximo 31 de agosto.
En la sede del sindicato, junto a Alfonso Ponce, responsable provincial del sector privado de la enseñanza de CCOO, Roque García lamentó esta manera de proceder, ya que, en su opinión, antes del envío de la carta a los trabajadores, todos con algún tipo de discapacidad, que desarrollan su trabajo en las instalaciones del Polígono, se podría haber entablado algún tipo de conversación.

El líder sindicalista reconoció ante la Prensa haber mantenido algunas conversaciones con los familiares de los afectados para estudiar la estrategia del futuro, que pasa por aceptar el despido y cobrar, posteriormente, la indemnización, o pasar a ser trabajadores fijos-discontinuos, lo que les llevará a trabajar durante seis meses al año, como la alternativa que los afectados "por esta injusta decisión" están adoptando.
Como punto de partida Roque García reveló que la Junta de Comunidades que, recientemente, firmaba el convenio de colaboración con la Fundación que aglutina a más de 130 trabajadores, no ha aportado ninguna aportación en lo que va de año, por lo que también reclamó que el alcalde, en nombre del Gobierno municipal, "dé un puñetazo encima de la mesa y reclame los pagos pendientes».
Sensibilidad
Por su parte Alfonso Ponce insistió en lamentar un situación que no es nueva, al recordar que los retrasos en el pago de las nóminas han sido una constante en los últimos años, con períodos de hasta ocho meses sin recibir los salarios "con el drama familiar que ello conlleva".
Así el responsable de Educación no aprobó la gestión de la Consejería de Empleo, de quien depende la Fundación, al recordar que el convenio que se firmó hace una semana no se hará efectivo hasta final de año "lo que ahoga a las instituciones", al explicar que, cuando en ocasiones se han acudido a las entidades bancarias con el aval de este convenio, se les ha exigido un porcentaje de interés por el adelanto del dinero.
Ponce se mostró «a favor» de los centros especiales de empleo y, sobre todo, tras recordar que han sido "los más afectados por la crisis. No pueden estar sujetos a criterios de rentabilidad y necesitan nuevas formas de financiación y mayor compromiso de las entidades públicas y privadas", tras asegurar que estos centros deben ser "lugares de formación y de incorporación al mundo laboral de sus participantes con unas características especiales".