Jueves 28 Marzo 2024

También se aprobó la Moción de Izquierda Unida en la que su concejal, Juan Carlos Marín, logró que se aprobara un documento desde el que exigir al Gobierno central «medidas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie pueda verse privado" de este servicio básico por carencia de recursos económicos.
Marín reclamó la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general del que consideró es "un servicio esencial", así como la puesta en marcha de un proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
Del mismo se reclamó la constitución de una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y grupos parlamentarios con el fin de acordar la "necesaria" reforma del sector energético.


De las más caras
En la exposición de motivos recordó que la factura de la electricidad en España es la tercera más elevada de Europa tras Irlanda y Chipre, sin olvidar que las compañías eléctricas españolas tienen un margen de beneficios del doble que las europeas.
Marín insistió en reclamar una reforma, "urgente y en profundidad" del actual sistema energético, con medidas estructurales que minimicen una situación que consideró muy preocupante para las personas y familias, muchas hellineras, matizó, que no pueden pagar el recibo.
Sobre el déficit tarifario lo consideró «ilegítimo», al tiempo que consideró «necesario favorecer» el autoconsumo de energía con balance neto que, además de reducir las emisiones contaminantes de CO2 mejoraría, recordó la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas.
Por parte del PSOE Ramón Lara, a favor de la propuesta de IU, la consideró sin embargo "muy compleja" aunque resumió que "la factura de España es de las más altas de Europa y un 10 por ciento de la población sufre una pobreza energética", por lo que apostó por una regulación en la tarifa y por las energías renovables.
Nueva Ley, con cambios
Marta Pérez, por parte del Gobierno municipal, indicó que la Moción de IU "dista mucho de ser la solución que necesita España en el sector eléctrico", al asegurar que nacionalizar el servicio sería «un retroceso importante» que, avisó, «no solucionaría el verdadero problema y el origen del debate y raíz del problema», que pasa, indicó, «por conseguir los precios más competitivos posibles y asequibles para el conjunto de los ciudadanos».
La concejala de Industria reivindicó la nueva Ley del sector que tiene como finalidad la regulación del sector, garantizando el servicio en niveles de calidad y al menor precio posible para asegurar la sostenibilidad económica del sistema, a través de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.
Pérez admitió que éste es un sector "estratégico" para España que, avisó, necesita abordar los 24.000 millones de euros del déficit tarifario, por lo que insistió en las "bondades» de la nueva Ley para corregir los desfases anteriores generados por el sistema y para lograr la integración en los mercados europeos.
Cambios en la Constitución
El Pleno también aprobó, con el voto a favor del PSOE, otra Moción de IU en la que reclamó regresar a los tiempos anteriores a la aprobación del artículo 135 de la Constitución en el que se fijaba un techo al déficit y que, en opinión de Juan Carlos Marín, ha servido para «doblegar» al Gobierno ante los bancos.
Ramón García, por parte del PSOE, justificó en su día esta medida "complicada y difícil» que puso en marcha el anterior presidente del Gobierno de la Nación, "que, probablemente, le costó al PSOE las elecciones, pero fue necesaria para evitar el rescate y ante una prima de riesgo muy alta".
Por parte del Gobierno Municipal intervino el propio Juan Antonio Moreno, quien recordó que, a pesar de este artículo, con una mayoría del Congreso se podría solicitar un endeudamiento añadido de las administraciones, tras puntualizar que la modificación se produjo tras el acuerdo de los dos grandes partidos con "vocación de Gobierno" en España.
En resumen defendió el espíritu de esta reforma "de no gastar más de lo que se tiene", así como de la austeridad compatible con el día a día de los servicios que se prestan al conjunto de la ciudadanía, y destacó que el acuerdo nació «para garantizar el Estado de Bienestar, reforzar la colaboración entre las administraciones y la apuesta por la consolidación autonómica", enumeró.

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