Los concejales del Partido Popular (PP), Marta Pérez y Juan Antonio Moreno Moya, han explicado esta mañana todos los cambios normativos que, recientemente, han entrado en vigor en todos los ayuntamientos de España, en la actual Ley de Contrato y las relaciones con los diferentes proveedores. Por este motivo han pedido al alcalde que ponga en marcha una campaña informativa para el conocimiento de la ciudadanía.

En la Sala de Prensa del Ayuntamiento, ambos concejales de la Oposición han descrito que se trata de una medida que supone “una apuesta decidida por la agilidad, transparencia y las contrataciones públicas, mediante la administración electrónica, que afectará las futuras contrataciones y a todos los proveedores que, actualmente, prestan sus servicios con el Consistorio:
“Se pretende incentivar a las empresas que desarrollen una gestión, y socialmente responsables, en matera laboral, social y medioambiental”, ha enumerado Moreno Moya, tras advertir que se buscará el trato igualitario con las personas con algún grado de discapacidad hasta conseguir, a todos los niveles, una mayor concienciación laboral y familiar, y el pago puntual de las empresas a sus trabajadores, con sanciones para los incumplidores.
Nuevos contratos
Más adelante ha recordado que se elimina el contrato de colaboración público-privado, así como el de gestión de servicio público y las cuatro modalidades de gestión directa previstas en los textos anteriores y se apuntan a nuevos contratos: de obras, de concesión de obras y servios, de suministros y mixtos.
Una de las novedades es que, anteriormente el Ayuntamiento podía contratar, directamente, suministros hasta 18.000 euros, como cantidad que ahora se sitúa en los 15.000 euros, ya que a partir de entonces será necesario emprender un procedimiento electrónico. En todos estos procesos se les negará la participación a las empresas que hayan incurrido, de manera grave, en materia de integración laboral o igualdad de oportunidad.
Además, si hasta la fecha se pudiese contratar, directamente, con tres propuestas, sin necesidad de pliegos de condiciones, hasta los 60.000 euros, el cambio rebaja esa cantidad hasta los 40.000 euros: “más empresas van a poder participar en estos procesos", tras advertir que serán contratos con una vigencia de hasta un año.