Radio Hellín /M. G. El Pleno de octubre ha estado marcado por el recorrido que todos los partidos políticos han realizado, en torno al proceso previo a la remodelación integral del Centro de Salud, próximo a su inauguración.

Sin duda ha sido el punto más tenso e interesante de los siete puntos incluidos en el Orden del Día de esta sesión de apenas una y hora media de duración, después de la moción del Partido Popular (PP), en la que el portavoz, Manuel Serena, ha reclamado todos los gastos derivados, desde que en 2009, el centro se cerró para reubicarse en los módulos medicalizados, “en aras a la transparencia que reclama la ciudadanía y para que, en el futuro, esta serie de errores no se vuelvan a repetir”.
Ramón García, alcalde de Hellín, se ha preguntado en voz alta el sentido y objetivo de la moción del PP, cuando, en su opinión, “lo más importante es que el centro sanitario se pueda reabrir, “cuanto antes”, tras desvelar que, desde agosto del 2011 hasta octubre de este año, el ayuntamiento ha abonado más de 101.000 euros, teniendo en cuenta que el alquiler de los módulos supera los 1.000 euros mensuales.
Sobre otra serie de gastos que ha solicitado el portavoz del PP, Ramón García ha sugerido a Serena que reclame a sus diputados regionales recaben la información sobre el coste del alquiler de los módulos medicalizados y otra serie de inversiones.
Acontecimientos
Luego se situó en el 2008, cuando, con el gobierno de Barreda en la Junta, se planificó la construcción de un nuevo centro. En mayo del 2011, María Dolores de Cospedal, en nombre del PP, paralizó cualquier obra pública, como ésta, hasta que en el 2014, con Manuel Mínguez, como alcalde hellinero, se retomó una inversión, de dos millones de euros, a aportar entre la Diputación y la Junta.
Posteriormente Ramón García se situó en septiembre de 2014, en que se firma el convenio de colaboración entre la Diputación y el SESCAM para las referidas obras que se adjudican a una empresa que renuncia, por lo que se concede a otra firma, por un importe de 1,3 millones de euros, aunque ésta también rechazó el proyecto, al igual que una tercera.
Posteriormente, en febrero del 2018, se adjudicó el proyecto, por más de 1,5 millones de euros, a la empresa que hace meses finalizó las obras (el plazo que se firmó apuntaba a febrero de 2019) a la espera de que se pueda recepcionar (se podría acudir al derecho, por ley, del ayuntamiento, a ocupar el edifico, que ya cuenta con el correspondiente mobiliario, por un importe de 150.000 euros), tras reconocer que lo sucedido ha sido como “una maldición, pero, sin responsabilidades políticas”.
Ley de Transparencia
En este sentido, tanto Mario Artesero, de Ciudadanos, como Raquel Tomás, de VOX, han coincidido en la creación de una ley de transparencia para que, en el futuro, este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, ya que la líder de la formación verde, tras recorrer todo el proceso, lo ha tildado de “auténtico despropósito, un fracaso de gestión y un instrumento de propaganda política de algunos partidos".