Una vez constituida la nueva Corporación municipal, la Plataforma Ganemos Hellín quiso hacer pública ayer su valoración sobre el acuerdo suscrito por el Partido Socialista e Izquierda Unida para formar gobierno, del que lamentaron que no se haya explicado ante la ciudadanía cómo se van a llevar a cabo esos compromisos.

En un acuerdo, recordaron, el que se habla de un Gobierno basado en la transparencia y la participación ciudadana, y que tendrá como prioridades el Empleo, la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Plataforma insistió en preguntarse la manera en que se van a intentar dar respuesta a estos anhelos.
En este punto, lamentaron que Ramón García, en su toma de posesión como nuevo alcalde, no desvelara cuáles van a ser las medidas concretas que, el nuevo Gobierno municipal, va a adoptar, al menos, en sus primeros meses.
Así, rechazaron un acuerdo que "no ha ido más allá" del reparto de puestos en el nuevo Gobierno municipal, en alusión al texto que firmaron la pasada semana, y que describieron "repleto de generalidades y obviedades", en el que sólo hay dos puntos que se concretan: la distribución de concejalías y de tenencias de Alcaldía para cada una de las formaciones y el compromiso de mantener el actual régimen de liberados y personal eventual.
Municipalización
En referencia a ese acuerdo, también se cuestionaron si, ante las quejas que se vienen recibiendo del servicio de basura, una de las primeras medidas que se van a adoptar, es ponerse a trabajar en cómo municipalizar dicho servicio.
Del mismo modo, se preguntaron si el alcalde, junto con los concejales, a los dos años, y siempre que el 20 por ciento de los ciudadanos lo quieran, tendrá que someterse a la "censura ciudadana" que IU lleva en su programa y que el PSOE se ha comprometido a cumplir.
La Plataforma lamentó que PSOE e IU "parecen olvidar que ya no están en campaña, que no es tiempo de adquirir compromisos y es la hora de llevarlos a cabo con medidas y actuaciones concretas", por lo que insistieron en señalar que "no es creíble" que, después de más de diez días, y de los encuentros que hayan tenido ambas delegaciones negociadoras, se llegue a la conclusión de que " la acción de gobierno durante los próximos cuatro años... se basará en el respeto a las leyes y a los derechos y deberes reconocidos en la Constitución Española de 1978", en alusión a uno de los puntos en el decálogo de ambos partidos, por lo que consideraron el pacto como "una burla".