El presidente local del Partido Popular, Manuel Mínguez, y la diputada en el Congreso, Irene Moreno, destacaron con satisfacción este pasado fin de semana las medidas para luchar contra la corrupción que anunció el presidente del Gobierno, que consideraron como "la respuesta que estaba demandando la ciudadanía con el fin de ponerlo lo más difícil posible a los políticos que tengan la tentación de apoderarse de dinero público y que lo devuelvan en caso de que se lo hayan apropiado" a través de la creación de la oficina de gestión y recuperación de activos.
En la sede de la calle Sol, Mínguez destacó la "respuesta contundente, firme y eficaz" que el Gobierno presentó en contra de la corrupción, tras recordar que "no partimos desde cero, porque, desde el primer momento, se ha luchado con mucho esfuerzo para acabar contra estas malas prácticas y mejorar la Democracia", en alusión a la Ley de Transparencia o publicación de cuentas, aunque reconoció que "eran necesarias otra serie de medidas".
Asimismo Manuel Mínguez indicó que el objetivo de esta serie de acuerdos «es castigar» los casos que se detecten, así como la prevención, por lo que destacó lo que será el control económico y financiero de los distintos partidos en aras de la transparencia de los partidos, al advertir que, por primera vez, la financiación ilegal será un delito específico.
Donaciones
Y es que se suprimen las donaciones de personas jurídicas a los partidos y las que superen los 50.000 euros se tendrán que publicar "convenientemente", mientras que los partidos se verán obligados, con carácter anual, a la publicación de sus finanzas ante el Tribunal de Cuentas; ni tampoco los bancos podrán condonar cualquier deuda contraída con los partidos, que, de igual forma no se podrán beneficiar de interés especiales por debajo de las condiciones del mercado.
También se detuvo en resaltar lo que será el estatuto de alto cargo en la Administración General del Estado para clarificar sus funciones «porque el objetivo del Gobierno es recuperar la confianza de los ciudadanos y reafirmar la ejemplaridad de sus gobernantes", ya que tras abandonar el cargo político no podrán trabajar durante dos años en ninguna empresa privada.
Agilidad Justicia
Luego enumeró diez de más de 70 medidas que se acogen en los recientes acuerdos, como la inclusión de nuevas normas para los estatutos de los partidos; la exigencia a los altos cargos de la publicación de sus bienes, a la entrada y la salida; se agiliza la Justicia estableciéndose plazos máximos para los procesos; se eleva la prescripción para los delitos más graves hasta los 15 años; se endurecerán las sanciones y se alargarán las penas por inhabilitación; se explicarán los indultos concedidos o denegados; perderán la militancia a quienes se les inaugure juicio oral, y se inaugurarán nuevos cauces de participación ciudadana.
Irene Moreno arropó esta serie de medidas tras la comparecencia "equilibrada" del presidente del Gobierno, al lamentar las críticas de la oposición "sin pensar que en las filas del PSOE también existen casos sospechosos", por lo que reclamó "la unidad de todos" para acabar con la corrupción.