El Partido Popular, a través de sus concejales en el Ayuntamiento, Amador Casado y Piedad Tercero, no ocultaron su “preocupación» ante ciertos temas relacionados con el Empleo y los trabajadores municipales, por lo que reclamaron al Gobierno que, “cuanto antes”, pague la parte proporcional que resta por ingresar de la paga extraordinaria de Navidad que se suprimió en el 2012, junto a la actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo y el Plan Experimental de Empleo.

En la sede de la calle El Sol, Casado urgió a la Junta de Comunidades a que «»agilice los trámites y abone el 50% que, como se publicó en el Orden, tiene que destinar para este Plan Extraordinario de Empleo que ha empezado a realizar las primeras de las más de 200 contrataciones que se contemplan.
En este sentido, el ex concejal alertó que el Ayuntamiento está adelantando los primeros gastos que se están derivando de este Plan Experimental, así como que la Junta aún no ha aprobado sus presupuestos de este año, por lo que insistió en la «necesidad» de que el Gobierno regional ingrese ese dinero que le corresponde.
Del mismo modo, criticó la doble moral de Javier Morcillo, actual concejal de Comercio y Turismo del Gobierno, al que le recordó que, en su etapa en la oposición, apostaba por la contratación de técnicos acudiendo a las bolsas de trabajo, aunque aprovechando este Plan, se han incorporado tres personas al organigrama de Turismo.
Paga extra
De otra parte, el ex concejal de Cultura y Patrimonio, instó al Gobierno a que, siguiendo los ejemplos de los ayuntamientos de Almansa o Albacete, y gobernados por el PP, abone a los trabajadores el 50 % que se les adeuda de la parte proporcional de la paga extraordinaria que se retiró en el 2012, aunque lamentó que, en los Presupuestos de este año, a pesar de las reclamaciones de los trabajadores y sindicatos, no se recoge ninguna partida.
Por último, también reclamó “diligencia” para la actuación del Catálogo de Puestos de Trabajo que reivindicó, intentó impulsar el anterior Gobierno, pero sin éxito, ante los informes en contra de Intervención, que alertaban que la medida conllevaba un gasto, y con el fin de no abandonar el Plan de Ajuste.
De esta manera, consideró «ilógico» que el alcalde pretenda destinar unos 30.000 euros para que una empresa externa pueda llegar a cabo un informe, que tachó de “despilfarro”, convencido que este mismo trabajo lo podrían realizar «perfectamente» los sindicatos y los técnicos municipales experto en la materia.